Cada segundo se producen siete estafas informáticas en España. El Ministerio del Interior ha registrado 121.579 infracciones penales vinculadas a la ciberdelincuencia solo en el primer trimestre de 2025, de las cuales 106.801 corresponden a estafas informáticas[1]. Sin embargo, lo más alarmante no es esta cifra, sino otra: apenas el 2,5% de las denuncias por estafa informática llega a los juzgados, lo que implica que más del 97% quedan sin resolver o sin autor identificado[2][3].
La pregunta inevitable es: ¿por qué tanta impunidad en un país con un sistema judicial desarrollado y fuerzas de seguridad especializadas? La respuesta, según los informes de la Fiscalía General del Estado y los responsables del servicio de delitos informáticos en Barcelona, apunta principalmente a dos factores: la dificultad para identificar a los ciberdelincuentes y la falta de informes periciales sólidos que permitan procesar los delitos de forma efectiva.
Una avalancha de estafas con pocas condenas
Los números del primer trimestre de 2025 resultan contundentes: de las 121.579 infracciones penales de cibercriminalidad registradas, 106.801 fueron estafas informáticas, lo que representa el 87,8% de todos los ciberdelitos[1]. Aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado que se trata de un descenso del 1,2% respecto al mismo período de 2024 –»el primero histórico en más de una década»–, la magnitud del problema sigue siendo de consideración[1].
En la provincia de Barcelona, referencia obligada en estadísticas de ciberdelincuencia, el responsable del servicio especializado en delitos informáticos de la Fiscalía, Roberto Valverde, ha ofrecido cifras más alarmantes aún: solo el 2,5% de las denuncias presenta denuncias por estafas informáticas llega a los juzgados[2]. En números absolutos, significa que de 36.500 denuncias recibidas por los Mossos d’Esquadra en 2022, apenas 910 alcanzaron la vía judicial, mientras que 35.590 fueron archivadas[3][4].
Informes divulgativos han generalizado este dato para ilustrar la impunidad de las estafas online en el conjunto de España, aunque no exista aún una estadística nacional consolidada que confirme ese mismo porcentaje en todas las comunidades autónomas. Sin embargo, la tendencia es clara: la mayoría de las denuncias nunca prosperan judicialmente.
Los tres obstáculos principales
- La identificación del autor: el primer cuello de botella
El primer obstáculo es, quizá, el más obvio pero también el más complejo: identificar quién está detrás de cada estafa. En un entorno donde las operaciones cruzan fronteras, se canalizan por intermediarios y se valen de identidades falsas o comprometidas, la tarea se complica exponencialmente[3].
Muchas estafas se apoyan en redes ubicadas fuera de la Unión Europea o en jurisdicciones con baja cooperación judicial. Las comisiones rogatorias internacionales alargan los tiempos de investigación hasta hacerlos inviables, especialmente cuando el perjuicio económico por caso es relativamente bajo –a menudo entre 100 y 200 euros por víctima–[2]. En estos supuestos, las autoridades deben evaluar si destinar grandes recursos policiales y judiciales es una prioridad, cuando muchas víctimas desisten del procedimiento.
Paralelamente, los ciberdelincuentes son sofisticados: utilizan VPNs, servidores proxy, wallets criptográficas anónimas y redes de mulas financieras que dispersan el dinero en múltiples cuentas. Seguir el rastro digital requiere cooperación internacional que, en la práctica, no siempre es ágil.
- La falta de prueba pericial sólida: el segundo cuello de botella
El segundo gran obstáculo está en la prueba: numerosas denuncias se archivan porque no se dispone de informes periciales solventes que vinculen de forma robusta la actividad digital con una persona concreta y con un perjuicio económico determinado[3][4]. Según los informes de la Fiscalía, solo los casos que cuentan con la intervención de un perito informático especializado logran avanzar en el proceso judicial[1].
La brecha es evidente: existen miles de denuncias, pero pocas investigaciones técnicas rigurosas. La Fiscalía General del Estado ha admitido en sus memorias que la falta de medios técnicos y de recursos especializados impide analizar evidencias digitales de forma sistemática. No se trata de falta de voluntad, sino de capacidad: no hay suficientes peritos y laboratorios forenses para asumir el volumen de casos[3].
- La fragilidad de la prueba digital en origen: el tercer obstáculo
La estafa informática deja, casi siempre, un rastro: correos electrónicos, chats, registros de acceso, logs de servidores, trazas en la banca online, metadatos en documentos y capturas de pantalla. Sin embargo, buena parte de esta información se pierde en los primeros minutos u horas por desconocimiento de las víctimas, borrados automáticos de sistemas o actuaciones técnicas que alteran sin querer el escenario digital.
Además, muchos perjudicados aportan pruebas en formatos informales –capturas sin contexto, pantallazos editados, cadenas reenviadas– que no siempre resisten el escrutinio de un tribunal. Los expertos subrayan especialmente la importancia de la cadena de custodia: si no se puede acreditar que los ficheros, los dispositivos o los registros telemáticos no han sido manipulados desde su obtención hasta el juicio, la defensa puede cuestionar su autenticidad e integridad[4].
La ausencia de protocolos homogéneos en la recogida de evidencia digital por parte de particulares, empresas e incluso algunos operadores jurídicos aumenta el riesgo de nulidad o de pérdida de valor probatorio ante los tribunales. Una misma prueba puede ser válida en un caso e inadmisible en otro, dependiendo de cómo se haya documentado su origen y su manipulación.
Cómo la evidencia digital puede cambiar la realidad
Los informes periciales informáticos bien construidos han demostrado ser decisivos en aquellos casos que sí prosperan: permiten reconstruir el recorrido del dinero, identificar direcciones IP, dispositivos y patrones de uso, y correlacionar cuentas, mensajes y acciones en diferentes servicios online[1]. Cuando el análisis técnico se acompaña de una documentación rigurosa de la cadena de custodia y de explicaciones comprensibles para jueces y fiscales, las posibilidades de llegar a juicio –y a condena– aumentan de forma notable.
Elementos clave para una prueba digital efectiva
- Recopilación según protocolos: La evidencia debe recogerse siguiendo estándares técnicos que garanticen su integridad. Esto incluye documentar el dispositivo, la hora, el usuario, el contexto y las acciones realizadas.
- Cadena de custodia verificable: Debe constar por escrito cuién ha tenido acceso a la prueba, cuándo, dónde, y con qué propósito. Cualquier brecha o incertidumbre puede invalidar la prueba.
- Informes periciales comprensibles: El perito debe explicar sus hallazgos en lenguaje accesible para un juez, no solo en tecnicismos que solo entienden otros informáticos.
- Contextualizacion de la prueba: Conectar cada dato digital con los hechos que se investigan, mostrando por qué esa prueba es relevante para establecer la culpabilidad.
La reforma legal: Nueva LOECrim 2028
En los próximos años, varios cambios apuntan a mejorar este panorama. La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entrará en vigor el 1 de enero de 2028, moderniza expresamente la regulación de la evidencia digital. Esta reforma introduce estándares más claros sobre cómo se deben obtener, preservar y validar las pruebas digitales, adaptándose a normativas europeas y evitando nulidades por obtención irregular[5].
Paralelamente, el Gobierno ha impulsado formación específica en análisis forense para la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como la creación de unidades especializadas y la implementación de nuevas comisarías y regiones policiales dedicadas a delitos informáticos –como la Región Policial Virtual de los Mossos d’Esquadra–[1][3].
La combinación de unidades policiales específicas de ciberdelincuencia, plataformas de gestión de evidencia digital con trazabilidad verificable y estándares procesales más claros apunta a un cambio de escenario futuro: menos archivos por falta de autor conocido y más procedimientos sustentados en prueba técnica sólida.
El cambio pendiente
Para que el porcentaje de estafas informáticas que hoy se percibe como «impunes» se reduzca de verdad, el salto pendiente no es solo tecnológico o policial, sino también cultural y procesal. Es necesario tratar cada dato digital como una pieza de evidencia potencial desde el primer momento, no como un simple pantallazo más.
Las víctimas, las empresas y los operadores jurídicos deben comprender que la manera en que se recoge y se preserva la información digital determina, en muchos casos, si un delito llegará a juicio o quedará archivado. Los peritos forenses, a su vez, necesitan más recursos y mejor reconocimiento profesional. Los jueces y fiscales han de familiarizarse con la evidencia digital y sus posibilidades.
Mientras el sistema judicial español siga siendo el cuello de botella –con 121.579 denuncias por trimestre y solo una ínfima parte llegando a condena–, la sensación de impunidad alimentará la confianza de los ciberdelincuentes. Pero si la nueva LOECrim de 2028, junto con mejoras en pericia forense, capacitación policial y gestión de evidencia, logran elevar ese 2,5% de casos judicializados, entonces sí podremos hablar de un cambio real. Hasta entonces, la mayoría de los siete delitos que ocurren cada segundo en España seguirán quedando en la más completa impunidad.
Referencias
[1] Ministerio del Interior & Fernando Grande-Marlaska. (2025). Comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados sobre el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad. Balance de Criminalidad Q1 2025. https://www.interior.gob.es/
[2] Fiscalía de Barcelona – Servicio de Delitos Informáticos. (2022). Memoria Anual 2022. Declaraciones de Roberto Valverde, responsable del servicio especializado en delitos informáticos. Citado en: Ara.cat. (2023, noviembre). Un 97% de las estafas informáticas denunciadas quedan impunes. https://es.ara.cat/sociedad/justicia/97-estafas-informaticas-denunciadas-quedan-impunes_1_4850661.html
[3] NQ Abogados Penal. (s.f.). ¿Por qué el 97,5% de estafas informáticas quedan impunes? Análisis de la Fiscalía General del Estado y datos de Barcelona. https://www.nqabogadospenal.com/delitos-informaticos-y-ciberdelincuencia/por-que-el-975-de-estafas-informaticas-quedan-impunes/
[4] Tech Futuro. (2025, julio). La cibercriminalidad en España: avances, retos y sombras. Análisis sobre el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad y la impunidad en la red. https://tecfuturo.es/la-cibercriminalidad-en-espana-avances-retos-y-sombras/
[5] Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Nueva LOECrim). (2025). Disposiciones sobre evidencia digital y cadena de custodia. Aprobado por Consejo de Ministros en octubre de 2025. Entrada en vigor prevista: 1 de enero de 2028.
